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Fotografía de un Amanecer
Albamar;

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Reflexión ética sobre el «falso ginecólogo»

«Creo que poseía ciencia y experiencia para realizar el trabajo que hacía, sin poner en riesgo la vida de las pacientes ni de nadie». Esto dice de sí mismo cierta persona que sufre proceso por práctica ilegal de la medicina (DV. 14 Nov.). Ni entro ni salgo ¡claro está! en la verificación de los hechos. Para eso está el tribunal. Pero ejercito mi derecho a cuestionarme, cuestionar y quedarme perplejo. Inicialmente el caso nos fue presentado reducido a sus líneas más simples: ginecólogo falso. El escándalo llegó hasta el cielo. Y ahí parece que se ha quedado todavía, a juzgar por la calificación de «situación surrealista» que otorga al suceso un columnista de la pag. 3. Se explica: un ginecólogo es un profesional de una de las especialidades médicas más delicadas. El ginecólogo debe, si alguno, estar capacitado, es decir, lleno de ciencia, verdad y honradez. Lo falso, sin embargo, es la negación más absoluta de toda ciencia, verdad y honradez. Se explica que ambos términos, en cortocircuito, hayan producido los mayores incendios de nuestra indignación. Y, sin duda, con sinceridad.

¿Pero también con justicia? ¿No estamos suponiendo que titulación y capacitación equivalen? ¿No late aquí el orgullo de dar por seguro que un título universitario supone infaliblemente aptitud, ciencia y estudio; que, a su vez, no pueden ser adquiridos sino enganchándose en el tinglado docente establecido? ¿No es, con frecuencia, demasiado verdadero que un joven que ha cursado la carrera de arquitecto se diferencia de otro que no la ha cursado solamente en que el primero es capaz de avergonzarse de sus ignorancias y remediarlas, mientras que el segundo ni las siente ni las remedia? ¿Y qué diremos de los derechos y libertades? ¿No es por completo coherente con la doctrina democrática el que cualquiera pueda organizarse a su modo su estudio y capacitarse para cualquier profesión, aunque sea fuera de los cauces reconocidos? Cierto, claro está, que estado, universidades, clínicas, hospitales y colegios oficiales también tienen su derecho, tan democrático como el anterior, a negar su aprobación a quien no cumpla las condiciones por ellos impuestas. ¿Pero se les puede coherentemente impedir su ejercicio profesional a un «falso médico» o un «falso arquitecto» que, sin tapujos, manifiestan ante sus clientes el alcance de su preparación y experiencia? ¿O vamos a vernos privados de la libertad de poner nuestra salud en manos de quien mejor nos parezca, esté titulado o no lo esté?

Entiéndaseme. No aludo al caso concreto que ha ocasionado estas reflexiones. Pero me interesa transmitirlas para evitar el peligro que todos tenemos de tomar por convicciones legítimas lo que no son más que prejuicios inconsistentes. Si se da la incoherencia, es que algo falla: o las premisas o las consecuencias.

Alberto Basabe.

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